El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma que la Junta incumplió sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, al no activar protocolos de resolución de conflictos ni realizar evaluaciones psicosociales en el puesto de trabajo de la funcionaria demandante. Aunque no se aprecia vulneración de derechos fundamentales, sí se reconoce el …
