El Congreso comenzará a debatir este martes la reforma legal que Junts asegura haber pactado con el Gobierno para obligar a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas.
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