El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio que propone limitar, a través de una modificación legal, la obligación de devolver el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a hogares vulnerables «cuando quede acreditada la buena fe de los beneficiarios o cuando el error sea atribuible a la Administración». La modificación legal propuesta afectaría también a otras ayudas asistenciales como pensiones no contributivas de invalidez o jubilación, o los subsidios de desempleo de larga duración.