La decisión del Congreso de los Diputados de no
convalidar el Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre —el denominado
decreto ómnibus— ha reabierto un escenario de incertidumbre jurídica en el
ámbito laboral y de la Seguridad Social que afecta de lleno al trabajo de los
graduados sociales, los profesionales encargados de aplicar la normativa en
miles de empresas y relaciones laborales en todo el país.
La norma
incluía medidas consideradas esenciales, como ajustes en materia de pensiones,
cotizaciones a la Seguridad Social y la prórroga del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) de 2025 a 2026. La falta de convalidación del Real
Decreto-ley obliga a despachos profesionales, empresas y trabajadores a operar
en un marco cambiante y sin criterios estables, lo que dificulta la
planificación y la correcta gestión de nóminas y obligaciones sociales. “La
caída de esta norma vuelve
a generar una inseguridad jurídica similar a la que nos enfrentamos hace seis
años, durante la pandemia, nos vemos obligados a actuar en un contexto marcado
por la incertidumbre normativa y la improvisación”, asegura la presidenta del
Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Máñez.
Desde el
Consejo General de Graduados Sociales de España se subraya que esta situación
ya fue advertida con antelación. En 2024 se trasladó al Ministerio de Trabajo y
Economía Social la necesidad de aprobar con antelación las actualizaciones del
SMI y otras medidas laborales para evitar disfunciones técnicas y
organizativas. También se informó de la misma inquietud al presidente de la
CEOE y al Secretario de Estado de Trabajo. A comienzos de 2025, la petición se
reiteró formalmente ante el propio Ministerio, sin que se haya logrado evitar
una situación que reproduce problemas ya vividos en ejercicios anteriores.