El Gobierno creará una ‘lista negra’ anual para señalar a empresas que hayan incumplido con los plazos legales que establece la Ley de Morosidad, incluyendo aquellas que registren 600.000 euros en facturas impagadas fuera del plazo legal y que durante el ejercicio anterior sus pagos a proveedores fuera de plazo superen el 10% del total.