La Comisión Europea considera que el Gobierno español tiene la obligación de garantizar la indemnización de los pasajeros por los retrasos sufridos derivados del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026 en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el que fallecieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas.
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