La Comisión Europea ha ofrecido este miércoles a las autoridades locales un escudo legal para tomar medidas que restrinjan la actividad de plataformas de alquiler de corta duración como Airbnb o la compraventa de segundas viviendas, pero ha dejado claro que debe haber condiciones para que sean políticas «proporcionadas», adaptadas caso por caso a zonas tensionadas y tras demostrar que están justificadas y estarán limitadas en el tiempo.
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