El decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno prometió tras el episodio de Maricarmen prohíbe, entre otras medidas, los desahucios para personas vulnerables hasta 2028, endurece las condiciones para el alquiler temporal y concede bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos, según consta en el borrador del texto al que ha tenido acceso Europa Press.
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