Adif ha decidido cancelar la defensa jurídica para la reclamación de los daños y perjuicios causados por una quincena de empresas que formaron un cártel destapado en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por el que durante unos catorce años se repartieron 200 proyectos ferroviarios por valor de unos 1.000 millones de euros.